La sanidad pública como herramienta fundamental de justicia social
Moya García I
Departamento Jurídico FACUA Andalucía
Med fam Andal. 2022; 23(2).El informe Arope-2022, que contabiliza la población que se encuentra en riesgo de pobreza, con carencia material o con baja intensidad en el empleo, pone de manifiesto que en Andalucía el 38,7% de las personas vivían en esta situación en 2021, lo que supone un incremento de 1,8 puntos respecto al año anterior. Este dato sitúa a la región como la comunidad autónoma con mayor tasa Arope junto a Extremadura.
Así mismo, en el último informe publicado por el Observatorio de la Desigualdad de Andalucía de 2019 se evidencia la disparidad existente entre nuestra comunidad y la media nacional en diferentes aspectos, entre ellos en materia de salud, y que tienen su origen en las diferencias políticas, económicas y sociales que existen en la sociedad. Desde el año 2003, Andalucía se sitúa como la comunidad con menor esperanza de vida y llama la atención que todos los indicadores relacionados con las tasas de mortalidad prematura -a excepción de la muerte prematura por cáncer- están por encima de la media nacional, así como que existe una mayor prevalencia en la población adulta en diabetes, trastornos mentales y obesidad.
Así, en materia de salud, el Gobierno andaluz debería abordar la mejora y humanización de la atención de las personas, reducir listas de espera tanto en atención primaria como en otras especialidades, en pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, ordenar las urgencias para ganar en eficacia y evitar su saturación, fortalecer la atención primaria y supervisar los sistemas de inspección de los servicios y de atención a las reclamaciones de los usuarios, y, entre otras cosas, abordarlo desde el presupuesto de la comunidad autónoma.
En este contexto, y tras analizar los presupuestos para el año 2023, resulta que la partida destinada a Sanidad se ha visto aumentada en un 10,93% respecto del año anterior (1.347 millones más). El gasto en personal se incrementa en un 26,59%, lo que supone tan sólo un incremento del 0,90% en el número de personas que forman parte del Servicio Andaluz de Salud. Y para 2023 se ha presupuestado un incremento de tan solo 802 personas con respecto al anterior. Pasa de 88.962 personas a 89.764.
Por otra parte, se observa una apuesta cada vez mayor por los conciertos en el sistema sanitario. Si ya en los últimos años se venía observando que para reducir las listas de espera y el tiempo medio de respuesta se estaba acudiendo al concierto sanitario con entidades privadas, ahora dentro de los objetivos del programa está el de garantizar la prestación de la asistencia sanitaria a través de centros hospitalarios concertados, lo que contribuye al deterioro de la sanidad pública y, con ello, de la calidad asistencial, ya que esta no es la solución para mejorar la atención a la ciudadanía.
De esta forma, se ve claramente el trasvase cada vez mayor del número de pacientes atendidos en hospitales concertados. Según los datos ofrecidos, se esperan atender en este tipo de centros durante 2023 a un total de 245.000 personas, cuando en 2021 era de 195.745 personas. Esto supone un incremento superior al 25%, y el presupuesto en Asistencia Sanitaria con medios ajenos se ve aumentado con respecto al anterior en un 20,32%, más de 94 millones de euros.
Por último, es necesario también mencionar que la anulación de la subasta de medicamentos, que durante varios años había contenido el gasto farmacéutico, ha provocado un aumento de dichos costes.
Por tanto, pese al incremento observado en la partida destinada a sanidad en el presupuesto para el año 2023, consideramos que es insuficiente para hacer frente a la situación sanitaria actual y afrontar el reto de dar una respuesta desde un sistema sanitario público debilitado durante años, y poder así garantizar los principios que lo sustentan: universalidad, equidad, gratuidad y financiación pública.
La universalidad y la financiación pública de un sistema sanitario como el andaluz contribuye al desarrollo de la comunidad y permiten ganar en equidad, igualdad y justicia social. Estos principios hacen que las políticas públicas de salud que garantizan, entre otros derechos, el acceso a servicios sanitarios de calidad al conjunto de la población, sin distinción y de una manera solidaria, contribuyan a la distribución de la renta y sean instrumentos que permiten articular la justicia social y una mayor cohesión social y territorial.
El gobierno autonómico actual dice tener como reto la mejora del Sistema Sanitario Público de Andalucía y tener un compromiso con la sanidad pública andaluza y con la mejora de la calidad del servicio prestado a las personas usuarias. Para cumplir este compromiso, es necesario voluntad política para defender la sanidad pública y blindarla frente a corrientes privatizadoras, dotar de recursos económicos suficientes y garantizar la participación ciudadana en la definición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en salud para que las medidas que se apliquen cuenten con la necesaria y suficiente legitimación social.
- Informe Arope. Disponible en: https://www.eapn.es/estadodepobreza/
- Observatorio de la Desigualdad de Andalucía. Disponible en: https://observatoriodesigualdadandalucia.org/
