La semFYC junto con las 17 sociedades de Medicina Familiar de cada Comunidad Autónoma reclaman negociación frente al Real Decreto de contratación de profesionales sin especialidad
Las 17 sociedades científicas que constituyen la federación semFYC y representan a sus 20.000 socios se han manifestado en clara oposición al Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Y lo han hecho a través de un manifiesto en el que, en primer lugar, hacen alusión a “la irregularidad social que entraña emplear un mismo documento legal para normativizar alrededor de dos cuestiones tan dispares como son el teletrabajo por parte del cuerpo de las Administraciones Públicas, en general; y los procedimientos de contratación de personal sanitario (y por tanto especializado), en particular”.
Por otro lado, las sociedades científicas aclaran en el manifiesto que en ningún momento se ha tenido en cuenta a los profesionales a la hora de negociar el citado Decreto Ley, como demuestra el hecho de que “ningún representante de Presidencia, ni del Ministerio de Sanidad haya atendido las demandas de las numerosas organizaciones médicas que han manifestado su oposición al Real Decreto. Entendemos, por tanto, que no hay voluntad política de respetar a los especialistas en Medicina y asumimos que la comunidad médica y sanitaria debe asumir el texto como una imposición política sobre los profesionales que sostienen la salud de los ciudadanos de todas las comunidades autónomas en esta terrible pandemia”. Y eso a pesar de que en el texto normativo se señala: “La redacción contenida en este real decreto-ley es fruto del diálogo fluido entre las distintas Administraciones Públicas y las organizaciones sindicales, ejemplo de cogobernanza en una administración pública multinivel”.
Los médicos de Atención Primaria llevan tiempo solicitando el incremento y la mejora de los recursos humanos de este nivel asistencial, por medio de la elaboración y asignación de presupuestos finalistas destinados a optimizar la cartera de servicios que se ofrece. Por este motivo entienden que “la contratación de profesionales sin especialidad incumple estos criterios dado que suponen un claro deterioro de la calidad asistencial, conllevan un riesgo para la seguridad clínica de los pacientes y de los profesionales en ejercicio. Entendemos que, en muchos de estos casos, se puede tratar de jóvenes con sus estudios recién terminados que, debido a una exposición del calibre que está suponiendo la epidemia de COVID19 pueden cometer errores que pesarán legalmente en su futuro desarrollo profesional. Este tipo de iniciativas y otras que hemos observado durante el abordaje de la crisis de la COVID19 por parte de gestores y políticos está señalando a toda una generación de médicos”. Finalmente, la aplicación de la fórmula del Real Decreto-ley supone un intento de regularizar y normativizar una práctica denunciada en repetidas ocasiones, puesto que “vulnera la normativa de la UE, orgánicamente superior”.
Ante esta situación, además, la semFYC entiende que la aprobación por parte del Gobierno de este Real Decreto:
- Constituye una grave vulneración del Sistema Nacional de Salud, y de todo el conjunto de especialidades.
- Implica un menoscabo para los especialistas que desemboca en una crisis de reputación hacia la profesionalidad de nuestros médicos.
- Transmite a nuestros MIR el mensaje de «iros a otro país que aquí no os valoramos» con la subsiguiente fuga de batas blancas que pone en riesgo el futuro de la salud de todos.
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